ONG propone crear sistema de verificación de propiedades para reducir fraudes y conflictos inmobiliarios Iniciativa plantea incorporar una agencia de seguridad jurídica inmobiliaria para asegurar títulos de dominio y proteger a compradores.
Santiago, 27 de Marzo 2026.
Caso que inspiró el Proyecto Legislativo
Este proyecto surge de una constatación crítica: en Chile, comprar una propiedad no garantiza que el derecho de dominio sea jurídicamente seguro, trasladando al comprador riesgos que el sistema no controla ni previene.
El modelo actual opera bajo una lógica de registro que presume regularidad, pero no verifica ni asegura la validez real de los títulos. En consecuencia, los errores, omisiones o vicios jurídicos terminan impactando al adquirente final, muchas veces cuando el daño económico ya es irreversible.
En la práctica, esto no es un riesgo teórico: una persona puede adquirir un inmueble cumpliendo formalmente todos los requisitos legales —incluso mediante remate judicial o arbitral— y posteriormente ser notificada de que el bien se encuentra en litigio o es objeto de una acción de un tercero que reclama su dominio, comprometiendo no solo su inversión, sino la estabilidad completa de su vida familiar.
Este escenario revela un sistema de estructura inmobiliaria débil jurídicamente, donde la seguridad depende más de la capacidad individual de detectar riesgos que de garantías institucionales efectivas.
La situación contrasta con modelos como el de Estados Unidos, donde no se presume la buena fe de las partes y son entidades especializadas —Title Companies— las que verifican, certifican y asumen responsabilidad por el estado jurídico del inmueble.
La gravedad del problema es evidente: la vivienda no es un bien cualquiera, sino el eje de la seguridad personal, la estabilidad familiar y el desarrollo de las personas. Cuando el sistema no logra resguardar algo tan esencial, la falla deja de ser técnica y pasa a ser estructural.
La pregunta, entonces, no es menor: ¿el sistema jurídico chileno realmente protege al comprador o simplemente traslada el riesgo hacia quien menos herramientas tiene para asumirlo?
El proyecto legislativo propuesto
El Centro de Derechos Ciudadanos e Interés Público presentó una propuesta para incorporar mecanismos de verificación y aseguramiento del dominio inmobiliario en Chile, con el objetivo de reducir la incertidumbre jurídica en las transacciones de bienes raíces y prevenir conflictos judiciales posteriores.
La iniciativa, contenida en su Portafolio Legislativo 2026, plantea que el sistema registral chileno, basado en los Conservadores de Bienes Raíces, cumple una función de publicidad de los actos jurídicos, pero no garantiza la inexistencia de vicios en la cadena de títulos ni la validez sustantiva del derecho inscrito.
Riesgos en la compra de propiedades
Según el proyecto, el modelo actual opera bajo una lógica de registro, pero no de verificación ni aseguramiento, lo que implica que los compradores asumen directamente los riesgos derivados de errores en la historia registral, omisiones en los estudios de títulos o irregularidades en procedimientos judiciales previos.
En la práctica, esto significa que la adquisición de un inmueble no asegura certeza jurídica plena, trasladando al adquirente final los efectos de eventuales defectos legales que solo se detectan posteriormente, muchas veces en instancias judiciales.
Un sistema que reacciona, pero no previene
El documento advierte que el sistema actual no previene los conflictos, sino que los desplaza hacia etapas posteriores, cuando el daño económico ya se ha producido.
Esta lógica genera múltiples efectos, como la necesidad de costosos estudios de títulos sin garantía efectiva, la exposición a litigios como juicios reivindicatorios y la incertidumbre en procesos de remates judiciales o arbitrales.
Modelo comparado
La propuesta toma como referencia sistemas internacionales, especialmente en Estados Unidos, donde el mercado inmobiliario incorpora mecanismos adicionales de verificación y aseguramiento (Title Company).
En estos modelos, entidades especializadas realizan estudios integrales de títulos, verifican contingencias jurídicas, certifican el estado del dominio y asumen responsabilidad mediante seguros frente a defectos no detectados.
Propuesta de reforma
Frente a este escenario, la iniciativa plantea avanzar hacia un sistema complementario que incorpore:
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verificación previa del dominio antes de la transferencia
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certificación del estado jurídico de los inmuebles
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mecanismos de aseguramiento frente a vicios de título
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mayor trazabilidad en las operaciones inmobiliarias
Todo ello sin reemplazar el sistema registral actual, sino fortaleciendo su funcionamiento mediante herramientas orientadas a la prevención del conflicto.
Impacto esperado
De acuerdo con la propuesta, la incorporación de estos mecanismos permitiría:
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prevenir juicios reivindicatorios mediante detección temprana de inconsistencias
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reducir riesgos en remates judiciales y arbitrales
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disminuir espacios para prácticas abusivas en el mercado inmobiliario
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proteger económicamente a los compradores
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reducir la litigación posterior y la carga del sistema judicial
Hacia mayor seguridad jurídica
El proyecto busca avanzar desde un modelo centrado exclusivamente en la inscripción hacia uno que incorpore verificación, responsabilidad y aseguramiento, fortaleciendo la confianza en el sistema inmobiliario.
Según sus impulsores, se trata de alinear el funcionamiento del mercado chileno con estándares internacionales de seguridad jurídica, donde el riesgo no recaiga exclusivamente en el adquirente, sino que sea distribuido de manera más eficiente entre los actores del sistema.
La propuesta se inserta en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en las transacciones inmobiliarias, especialmente en un mercado donde la inversión en bienes raíces representa uno de los principales resguardos patrimoniales de las familias.
Nota editorial
Publicado originalmente en https://www.centroderechos.cl
Contenido editorial original del Centro de Derechos Ciudadanos e Interés Público
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