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ONG propone ley para recuperar recursos públicos y eliminar la rentabilidad de la corrupción Iniciativa plantea un nuevo modelo de responsabilidad civil reforzada para asegurar que los delitos contra el Estado generen pérdidas económicas superiores al beneficio obtenido.

 

 

Santiago, 27 marzo 2026.

 

Caso que inspiró el proyecto legislativo

 

    Este proyecto no surge de un caso aislado, sino de la observación reiterada de situaciones que han evidenciado debilidades estructurales en la respuesta del sistema jurídico frente a delitos que afectan el patrimonio público.

 

    Diversos antecedentes de connotación nacional —incluyendo investigaciones vinculadas a redes de influencia indebida en el ejercicio profesional, controversias en altas esferas del Poder Judicial y actuaciones de autoridades con capacidad de incidencia en decisiones públicas— han puesto en evidencia un patrón común: la existencia de incentivos económicos que no son neutralizados eficazmente por el sistema vigente.

 

    En estos escenarios, si bien la persecución penal puede derivar en sanciones individuales, el impacto económico del daño causado al Estado y a la sociedad en su conjunto no es recuperado de manera integral ni sistemática. Esto genera una distorsión crítica, en la cual el perjuicio colectivo —expresado en la afectación de políticas públicas, el retraso del desarrollo económico y la erosión de la confianza institucional— no encuentra una respuesta equivalente en términos de reparación.

 

    Desde esta perspectiva, el daño al Estado no puede ser entendido únicamente como una pérdida patrimonial directa, sino como un daño institucional que recae sobre la ciudadanía en su conjunto. Por ello, la propuesta legislativa se orienta a establecer un modelo en el cual toda conducta que implique obtención indebida de beneficios a costa de recursos públicos genere una obligación de restitución y compensación económica proporcional al daño causado, asegurando que el costo de la infracción supere cualquier eventual beneficio obtenido.

 

Propuesta Legislativa de la ONG

 

 El Centro de Derechos Ciudadanos e Interés Público presentó una propuesta de “Ley de Recuperación y Protección del Patrimonio Público”, orientada a fortalecer los mecanismos de recuperación de recursos estatales defraudados y a eliminar los incentivos económicos asociados a la corrupción.

 

    La iniciativa, incorporada en su Portafolio Legislativo 2026, sostiene que el sistema jurídico chileno presenta una falla estructural: si bien el derecho penal sanciona los delitos y el derecho civil permite la restitución de daños, en la práctica el Estado no recupera de forma sistemática ni integral los recursos desviados.

 

Un sistema que castiga, pero no recupera

 

    Según el proyecto, la actual configuración genera una distorsión crítica: la persecución penal no garantiza la reparación del daño, la acción civil depende de impulsos fragmentarios y el patrimonio ilícito suele dispersarse antes de ser recuperado.

 

    El resultado, advierte la propuesta, es que en ciertos escenarios delinquir contra el Estado puede resultar económicamente viable, al no existir mecanismos eficaces que aseguren una pérdida patrimonial real para quienes incurren en estas conductas.

 

Cambio de enfoque: del castigo a la neutralización económica

 

    La iniciativa propone un cambio de paradigma, estableciendo que los delitos contra la función pública deben implicar una pérdida económica total superior al beneficio obtenido.

 

    Para ello, plantea un modelo de “triple capa” que integra:

 

• el derecho penal, encargado de sancionar la conducta

• el derecho civil tradicional, orientado a la restitución

• un nuevo régimen de responsabilidad civil reforzada, destinado a reparar integralmente el daño y generar efectos disuasivos

 

    Este último componente introduce una dimensión económica en la lucha contra la corrupción, orientada a eliminar la rentabilidad del delito.

 

El concepto de “daño institucional”

 

    Uno de los elementos centrales del proyecto es la incorporación del concepto de daño institucional, entendido como el impacto que los actos de corrupción generan sobre el funcionamiento del Estado y la calidad de vida de la ciudadanía.

 

    Según la propuesta, el daño no se limita a los recursos sustraídos, sino que incluye efectos como el deterioro de políticas públicas, la disminución de servicios y la erosión de la confianza en las instituciones.

 

Medidas concretas

 

    El proyecto contempla diversas herramientas para fortalecer la recuperación patrimonial, entre ellas:

 

• activación automática de acciones civiles tras una condena penal firme

• ampliación de la cuantificación del daño, incluyendo componentes disuasivos

• aplicación de medidas precautorias tempranas para evitar la dispersión de bienes

• seguimiento de transferencias y operaciones vinculadas al delito

• extensión de la responsabilidad hacia terceros que participen o se beneficien de las conductas ilícitas

 

    Asimismo, la propuesta alcanza tanto a funcionarios públicos como a particulares que intervengan en procesos de contratación o ejecución de recursos estatales, reconociendo que la corrupción opera frecuentemente mediante redes entre actores públicos y privados.

 

Impacto esperado

 

    Según sus impulsores, la implementación de este modelo permitiría aumentar la recuperación efectiva de recursos públicos, reducir los incentivos económicos al delito y fortalecer la confianza en el Estado.

 

    La iniciativa no busca sustituir el sistema penal vigente, sino complementarlo mediante mecanismos que aseguren una reparación integral y efectiva del daño.

 

Debate sobre corrupción y recuperación patrimonial

 

    El proyecto se inserta en un contexto de creciente discusión sobre la eficacia de los mecanismos actuales para enfrentar delitos contra la función pública.

 

    Desde la organización señalan que el objetivo es avanzar hacia un sistema donde la sanción penal no sea el único resultado, sino parte de una respuesta integral que asegure la recuperación de los recursos y prevenga nuevas conductas.

 

    “La corrupción no solo debe castigarse, debe dejar de ser rentable”, plantea la propuesta, sintetizando el enfoque que busca instalar en el debate legislativo.

 

 

 

Nota editorial

Publicado originalmente en https://www.centroderechos.cl

Contenido editorial original del Centro de Derechos Ciudadanos e Interés Público

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