ONG propone reformar sistema de administración de condominios con mayor control municipal Iniciativa busca profesionalizar la gestión y prevenir abusos en comunidades, ante denuncias de falta de transparencia y concentración de poder en comités de administración.
Santiago, 26 marzo 2026.
Caso que inspiró el Proyecto Legislativo
Este proyecto surge de una realidad que se repite en múltiples condominios del país: estructuras de poder que operan sin control efectivo sobre recursos ajenos y completamente ajeno a la realidad del país.
En la práctica, los comités de administración concentran decisiones financieras, acceso a la información y capacidad sancionatoria, sin formación técnica obligatoria ni fiscalización institucional permanente. Esto configura lo que puede definirse como una captura del gobierno interno: un grupo reducido ejerciendo control total sin contrapesos reales.
El resultado es directo: gastos comunes fijados sin criterios verificables, multas aplicadas arbitrariamente, información contable restringida y uso de fondos sin transparencia suficiente.
Aquí no hay un problema aislado, hay un problema de diseño: el sistema permite que quien administra también controle, supervise y decida… sin rendir cuentas efectivas.
La consecuencia es evidente: el riesgo lo asumen los copropietarios, mientras el sistema reacciona tarde, cuando el conflicto ya está instalado.
La pregunta es inevitable: ¿puede llamarse gobernanza a un modelo donde el poder se concentra sin control y la transparencia depende de la voluntad de quien administra? y ¿A qué legislador se le ocurrió que tres personas podrían administrar quince o mas millones de pesos mensuales en la administración de un condominio sin tentarse?
La propuesta al legislador
El Centro de Derechos Ciudadanos e Interés Público presentó una propuesta de reforma al sistema de administración de condominios en Chile, con el objetivo de fortalecer el control público y mejorar los estándares de transparencia en la gestión de recursos comunitarios.
La iniciativa, incorporada en su Portafolio Legislativo 2026, plantea que el modelo vigente —basado en comités de administración integrados por copropietarios— presenta debilidades estructurales en materia de control, fiscalización y profesionalización.
Fallas del modelo actual
De acuerdo con la propuesta, el sistema actual, regulado por la Ley N° 21.442 sobre Copropiedad Inmobiliaria, concentra amplias facultades en órganos que no necesariamente cuentan con formación técnica en áreas contables, jurídicas o administrativas.
Entre los principales problemas identificados se encuentran:
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concentración de poder sin control técnico efectivo
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déficit de transparencia en la gestión financiera
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ausencia de fiscalización institucional permanente
En la práctica, estas condiciones han dado lugar a situaciones como la fijación arbitraria de gastos comunes, la imposición irregular de multas, restricciones en el acceso a información contable y eventuales irregularidades en la administración de fondos comunitarios.
Riesgo de “captura del gobierno interno”
El documento advierte que cuando un mismo órgano concentra la administración, el control de la información y el acceso a la documentación, puede configurarse un fenómeno de “captura del gobierno interno”, en el cual un grupo reducido ejerce control efectivo sin contrapesos reales.
Esta situación, según la propuesta, deteriora la confianza entre copropietarios, debilita la gobernanza interna y genera conflictos que frecuentemente terminan judicializándose ante juzgados de policía local.
Impacto en la vida cotidiana
El proyecto destaca que el problema adquiere especial relevancia en un contexto de crecimiento sostenido de la vida en copropiedad, donde cada vez más personas dependen de estos sistemas para su vida diaria.
En ese escenario, las deficiencias del modelo no solo afectan la convivencia vecinal, sino también la seguridad patrimonial de las familias, la calidad de vida comunitaria y la carga del sistema judicial.
Propuesta de reforma
Frente a este diagnóstico, la iniciativa propone una transformación estructural del sistema, incorporando mayor control institucional y profesionalización en la administración.
Entre las principales medidas se contempla la creación de unidades municipales de administración y fiscalización de condominios, encargadas de supervisar la gestión administrativa, revisar aspectos básicos de los estados financieros y estandarizar mecanismos de rendición de cuentas.
Asimismo, se plantea la implementación de protocolos mínimos obligatorios de transparencia, incluyendo el acceso a información contable por parte de los copropietarios, y la canalización de denuncias hacia los tribunales competentes.
El modelo propuesto mantiene la participación de los vecinos en la toma de decisiones, pero introduce contrapesos institucionales que permitan prevenir abusos y mejorar la calidad de la gestión.
Hacia una gobernanza supervisada
Según sus impulsores, la reforma busca avanzar desde un sistema de autogestión con escaso control hacia un modelo de gobernanza supervisada, donde la participación comunitaria se combine con estándares mínimos de fiscalización.
“La administración de condominios hoy opera como una pequeña institucionalidad sin supervisión real. Lo que se propone es introducir reglas básicas de control donde actualmente predominan mecanismos informales”, señalan desde la organización.
La propuesta se suma al debate sobre la necesidad de modernizar la regulación de la copropiedad en Chile, en un contexto donde los conflictos vecinales y las disputas por la administración de recursos comunes continúan en aumento.
Nota editorial
Publicado originalmente en https://www.centroderechos.cl
Contenido editorial original del Centro de Derechos Ciudadanos e Interés Público
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