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ONG propone reforma estructural al sistema de justicia arbitral en Chile Iniciativa advierte desigualdad procesal, falta de control institucional y opacidad en arbitrajes forzosos como particiones y liquidaciones de sociedades conyugales.

 

 

Santiago, 13 marzo 2026

 

 

Caso que inspiró el Proyecto Legislativo

 

    Este proyecto surge de una constatación crítica: en Chile, una persona puede perder su patrimonio en un procedimiento arbitral donde quien decide no está sujeto a control institucional efectivo.

 

    En la práctica, los árbitros operan con amplios márgenes de discrecionalidad, sin estándares uniformes ni supervisión real, pudiendo definir el curso completo del proceso y su resultado económico. A esto se suma un problema estructural: en muchos procedimientos arbitrales, los ministros de fe corresponden a funcionarios del propio Poder Judicial —como Secretarios de Cortes de Apelaciones—, es decir, pertenecen a las mismas instancias que deberían ejercer su fiscalización.

 

    La opacidad del sistema se agrava por la ausencia de un expediente arbitral electrónico obligatorio y transparente. En la práctica, cuando estos jueces son recusados, pueden acompañar antecedentes parciales al tribunal, omitiendo información relevante y dificultando el control de eventuales vicios en la tramitación.

 

    Asimismo, el diseño del sistema permite la existencia de incentivos que pueden distorsionar los remates, como la posibilidad de incidir en la fijación del precio base de los bienes. Históricamente, en remates presenciales, existían advertencias sobre presiones indebidas a postores o acuerdos para limitar la competencia. Hoy, aunque los remates se realizan en forma telemática, subsisten herramientas jurídicas que permiten influir en el resultado económico del proceso, manteniendo espacios de riesgo.

 

    A ello se suma una situación aún más grave: un mismo juez árbitro puede ejercer simultáneamente en distintas jurisdicciones del país, sin control disciplinario efectivo de las Cortes de Apelaciones y, en algunos casos, sin cumplir siquiera con el deber de residencia en el lugar donde ejerce su competencia, lo que incluso dificulta actuaciones básicas como la inspección personal del tribunal.

 

    El resultado es un sistema donde se ejerce poder decisorio sobre patrimonios ajenos sin control equivalente.

 

    La conclusión es inevitable: en Chile, se puede perder el patrimonio en un proceso donde quien decide no tiene control real, ni siquiera en la jurisdicción donde actúa.

 

La propuesta legislativa

    El Centro de Derechos Ciudadanos e Interés Público presentó una propuesta de reforma estructural al sistema de justicia arbitral en Chile, enfocada especialmente en los denominados arbitrajes forzosos, como los procesos de partición de bienes y liquidación de sociedades conyugales.

 

    La iniciativa, incorporada en su Portafolio Legislativo 2026, plantea que el modelo actual presenta fallas de diseño institucional que comprometen principios básicos del orden constitucional, como la igualdad ante la ley y el debido proceso.

 

    Según el documento, el sistema vigente otorga amplias facultades discrecionales a los árbitros para definir la forma de tramitación de los procedimientos, lo que ha derivado en prácticas profundamente dispares entre distintos tribunales arbitrales.

 

Desigualdad en la práctica

 

    Entre los problemas detectados se mencionan cargas procesales desproporcionadas para ciertas partes —como costos asociados a remates, tasaciones y honorarios arbitrales—, diferencias en los sistemas de notificación y variabilidad en las etapas procesales y oportunidades de prueba.

 

    Asimismo, se advierte la ausencia de criterios uniformes en la administración de los expedientes arbitrales, coexistiendo modelos electrónicos con otros sistemas materiales incompletos, lo que podría generar incertidumbre jurídica e incluso afectar a terceros interesados, como eventuales adjudicatarios de bienes.

 

    Uno de los aspectos más críticos identificados es la práctica de postergar el reconocimiento de inversiones realizadas por los comuneros hasta la dictación del laudo arbitral. Según la propuesta, esto puede provocar una depreciación artificial del valor de los bienes sometidos a remate, generando pérdidas económicas significativas y alterando la equidad del proceso.

 

Déficit de control e imparcialidad

 

    El documento también cuestiona los mecanismos de control del sistema arbitral, señalando que el régimen de recusación de árbitros presenta limitaciones estructurales, con causales restrictivas y escasas posibilidades de revisión, lo que dificulta corregir situaciones de falta de imparcialidad.

 

    A ello se suma la participación de ministros de fe vinculados orgánicamente al Poder Judicial, lo que —según la propuesta— genera tensiones en términos de independencia institucional y confianza en la regularidad del procedimiento.

 

Falta de transparencia

    

    La iniciativa advierte además un escenario de opacidad en el sistema arbitral, destacando la inexistencia de registros públicos sobre el número de arbitrajes en curso, sus resultados económicos o los criterios aplicados por los árbitros.

Esta falta de información dificultaría tanto el control ciudadano como la evaluación del impacto real del arbitraje en ámbitos como la economía familiar y el mercado inmobiliario.

 

Propuesta de reforma

 

    Frente a este diagnóstico, el proyecto propone una reforma integral del sistema, que incluye la fijación de estándares procedimentales mínimos obligatorios, la implementación de expedientes arbitrales electrónicos, la creación de un registro nacional de arbitrajes y árbitros bajo supervisión de la Corte Suprema, y el fortalecimiento de las normas sobre imparcialidad.

 

    Asimismo, plantea mecanismos de control judicial posteriores sobre los resultados económicos de los procesos, junto con mayores exigencias de responsabilidad patrimonial para los árbitros.

 

Debate abierto

 

    La propuesta se inserta en un contexto de creciente cuestionamiento al funcionamiento del arbitraje en materias patrimoniales, donde —según sus impulsores— la flexibilidad del sistema ha derivado en prácticas que pueden afectar la equidad del procedimiento.

 

    El proyecto busca abrir un debate legislativo sobre la necesidad de modernizar el modelo arbitral chileno, equilibrando su autonomía con mayores estándares de transparencia, control institucional y protección de los derechos de las partes.

 

    

Nota editorial

Publicado originalmente en https://www.centroderechos.cl

Contenido editorial original del Centro de Derechos Ciudadanos e Interés Público

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