ONG propone reforma al sistema de titulación de abogados y evaluación periódica obligatoria Iniciativa busca eliminar el examen de grado como barrera de acceso y reemplazarlo por un sistema nacional de habilitación con controles cada tres años.
Santiago, 27 Marzo 2026.
Caso que inspiró el Proyecto Legislativo
Este proyecto surge de una contradicción estructural difícil de justificar: en Chile, una persona puede quedar fuera de la profesión de abogado por un examen de grado arbitrario… o ejercer durante toda su vida sin volver a ser evaluada.
En la práctica, el sistema bloquea a egresados plenamente formados por criterios dispares entre universidades, mientras permite que abogados desactualizados, negligentes o incluso con deterioro cognitivo sigan litigando y tomando decisiones que afectan directamente los derechos de sus clientes.
El resultado no es menor: defensas deficientes, juicios perdidos por errores básicos y perjuicios reales para personas que confían en un estándar profesional que el sistema no garantiza.
Aquí no hay un problema individual, sino de diseño: se controla el acceso de manera irregular, pero se abandona completamente el control del ejercicio.
La consecuencia es clara: el riesgo no lo asume el profesional… lo asume el cliente.
La pregunta es inevitable: ¿puede llamarse sistema a uno que filtra mal al inicio y no controla nada después?
La propuesta legislativa
El Centro de Derechos Ciudadanos e Interés Público presentó una propuesta de reforma estructural al sistema de titulación y habilitación profesional en la abogacía en Chile, planteando un cambio de paradigma desde un modelo de control inicial hacia uno de evaluación continua.
La iniciativa, incorporada en su Portafolio Legislativo 2026, sostiene que el sistema actual presenta deficiencias estructurales tanto en el acceso a la profesión como en la supervisión del ejercicio profesional una vez obtenido el título.
Críticas al examen de grado
Actualmente, la obtención del título de abogado exige la aprobación de un examen de grado administrado por las universidades, lo que constituye un requisito decisivo entre la finalización de los estudios y el acceso a la profesión.
Según el proyecto, este mecanismo ha demostrado ser heterogéneo y discrecional entre distintas instituciones, generando situaciones en que egresados que han completado íntegramente su formación se ven impedidos de titularse por criterios no uniformes o problemas administrativos.
Esta situación, advierte la propuesta, restringe artificialmente la disponibilidad de profesionales del derecho, reduciendo la oferta efectiva de servicios jurídicos para la ciudadanía.
Falta de control en el ejercicio profesional
El documento también cuestiona la ausencia de mecanismos que aseguren la actualización permanente de los abogados en ejercicio, en un contexto de constante cambio legislativo, procesal y tecnológico.
En particular, se advierte la existencia de casos en que profesionales continúan ejerciendo pese a presentar deterioro cognitivo significativo u otras condiciones que afectan su capacidad de desempeño, sin que existan mecanismos institucionales eficaces para evaluar su idoneidad funcional.
Según la iniciativa, esta falta de control puede derivar en:
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actuaciones procesales deficientes
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pérdida de oportunidades jurídicas relevantes
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perjuicios directos a los representados
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afectación del funcionamiento del sistema de justicia
Nuevo modelo de habilitación
Frente a este diagnóstico, la propuesta plantea separar conceptualmente el título profesional de la habilitación para el ejercicio, introduciendo un sistema de control continuo.
Entre las medidas propuestas se incluyen:
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reemplazar el examen de grado como barrera de titulación, permitiendo obtener el título a quienes hayan completado su formación académica
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crear un examen habilitante nacional obligatorio, administrado por una entidad externa al Poder Judicial
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establecer un sistema de evaluación periódica cada tres años para todos los abogados en ejercicio
Este sistema contemplaría la verificación de actualización jurídica, competencias profesionales y, en casos fundados, la evaluación de idoneidad funcional.
Consecuencias e implementación
La propuesta considera que la falta de obtención o pérdida de la habilitación podría implicar la suspensión del ejercicio profesional hasta cumplir con los estándares exigidos, introduciendo así un mecanismo de control efectivo sobre la calidad del servicio jurídico.
Hacia una evaluación continua
El proyecto busca avanzar desde un modelo de habilitación estática —centrado en un único examen al inicio de la carrera— hacia un sistema dinámico de evaluación permanente.
Según sus impulsores, este cambio permitiría ampliar el acceso a la profesión jurídica, asegurar estándares mínimos de competencia y proteger a los usuarios del sistema de justicia frente a riesgos derivados del ejercicio inadecuado de la abogacía.
La iniciativa se inserta en un contexto de creciente discusión sobre la calidad del ejercicio profesional en el país y la necesidad de adaptar los mecanismos de regulación a estándares modernos de supervisión y responsabilidad.
Nota editorial
Publicado originalmente en https://www.centroderechos.cl
Contenido editorial original del Centro de Derechos Ciudadanos e Interés Público
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