ONG propone crear registro nacional de profesionales sancionados por delitos graves Iniciativa busca impedir que personas condenadas por fraudes o negligencias graves retomen funciones sin control, especialmente en áreas como justicia, salud y fe pública.
Santiago, 27 Marzo 2026.
Caso que inspiró el Proyecto Legislativo
Este proyecto surge de una constatación incómoda pero real: en Chile, un profesional puede ser sancionado por conductas graves —incluso delictivas— y seguir ejerciendo como si nada.
En la práctica, esto se traduce en abogados que perjudican a sus propios clientes por deterioro cognitivo o desactualización, operadores jurídicos que incurren en fraudes, contadores que exponen a sus clientes a sanciones tributarias y pérdida patrimonial, y médicos que acumulan negligencias reiteradas, incluso con resultados fatales.
El problema no es la ausencia de sanciones, sino la falta de un sistema que impida que estas personas vuelvan a ejercer sin control efectivo.
El resultado es crítico: el riesgo se traslada directamente a la ciudadanía, mientras la confianza pública es erosionada y quienes actúan con negligencia o mala fe pueden seguir obteniendo beneficios económicos.
La pregunta es inevitable: ¿puede un sistema serio permitir que quienes han demostrado no ser idóneos sigan operando en ámbitos que afectan la vida, el patrimonio y los derechos de las personas?
La propuesta al legislador
El Centro de Derechos Ciudadanos e Interés Público presentó una propuesta para crear un Registro Nacional de Profesionales Sancionados, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control sobre el ejercicio de profesiones vinculadas a la fe pública, la administración de justicia y la salud.
La iniciativa, incorporada en su Portafolio Legislativo 2026, plantea que el sistema jurídico chileno presenta un vacío institucional relevante, al permitir que profesionales condenados por delitos defraudatorios o por infracciones graves a sus deberes puedan retomar sus funciones una vez cumplidas sanciones temporales, sin un control efectivo sobre el riesgo que ello implica.
Vacío de control en el ejercicio profesional
Según el proyecto, actualmente no existe un sistema unificado que permita identificar a profesionales con antecedentes graves ni evaluar su reincorporación al ejercicio.
En la práctica, esto permite que abogados, contadores u otros profesionales condenados por delitos contra el patrimonio o la fe pública puedan volver a ejercer, incluso en ámbitos sensibles donde la confianza resulta esencial.
El problema se ve agravado por factores estructurales, como la colegiatura voluntaria en los colegios profesionales y las limitadas facultades disciplinarias existentes, lo que dificulta prevenir la reiteración de conductas ilícitas.
Riesgos en justicia y salud
El documento advierte que, en el ámbito jurídico, personas con antecedentes relevantes pueden intervenir en procesos judiciales, incluso bajo mecanismos habilitantes como el ius postulandi, sin que exista un control efectivo de idoneidad.
En el área de la salud, la reiteración de negligencias médicas graves o delitos contra la integridad física plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para garantizar la seguridad de los pacientes.
En conjunto, la propuesta sostiene que el modelo actual permite la reincorporación profesional sin herramientas suficientes para evaluar el riesgo asociado, configurando una falla estructural del sistema.
Propuesta de registro nacional
Frente a este escenario, el proyecto propone la creación de un Registro Nacional de Profesionales Sancionados, de carácter público, electrónico y consultable.
Este registro incluiría condenas judiciales firmes por:
- delitos defraudatorios
- responsabilidad profesional grave
- y abarcaría a profesionales vinculados a:
- la administración de justicia
- la fe pública
- el sistema de salud
Además, la iniciativa contempla el establecimiento de inhabilidades profesionales reforzadas, incluyendo sanciones prolongadas o incluso permanentes en casos de reiteración significativa, junto con mecanismos como la eventual revocación del título profesional en situaciones de mayor gravedad.
Sistema de rehabilitación
El proyecto incorpora también un mecanismo de rehabilitación regulada, con el fin de equilibrar la protección de la ciudadanía con los principios de reinserción.
Se propone que los profesionales puedan solicitar su rehabilitación tras un período de cinco años desde el cumplimiento de la sanción, sujeto a una evaluación caso a caso que considere su conducta posterior, la ausencia de nuevas infracciones y el cumplimiento de estándares de idoneidad.
La autoridad competente podría, en estos casos, mantener, reducir o levantar la inhabilidad según corresponda.
Hacia un modelo preventivo
La propuesta busca avanzar desde un sistema reactivo —centrado en sancionar conductas ya ocurridas— hacia un modelo preventivo, orientado a reducir el riesgo de reincidencia y fortalecer la confianza pública en profesiones que cumplen funciones críticas en la sociedad.
Según sus impulsores, la creación de este registro permitiría cerrar brechas institucionales en el control de idoneidad profesional, resguardando tanto la seguridad de las personas como el correcto funcionamiento del sistema económico y jurídico.
El proyecto se suma al debate sobre la necesidad de reforzar los estándares de responsabilidad profesional en Chile, en un contexto donde la confianza en instituciones y actores clave continúa siendo objeto de discusión pública.
Nota editorial
Publicado originalmente en https://www.centroderechos.cl
Contenido editorial original del Centro de Derechos Ciudadanos e Interés Público
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