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ONG propone sistema de transparencia disciplinaria para el Poder Judicial Iniciativa busca crear una base de datos pública sobre quejas, recusaciones e inhabilidades de funcioanrios judiciales y todos los auxiliares de la administración de justicia, ante la falta de acceso ciudadano a información disciplinaria del sistema judicial.

 

 

Santiago, 14 Marzo 2026

 

Caso que inspiró el Proyecto Legislativo

 

    Este proyecto surge de una constatación crítica: en Chile, no existe un acceso real a la información disciplinaria del sistema judicial, lo que impide conocer cómo se comportan quienes ejercen funciones jurisdiccionales.

 

    En la práctica, no es posible saber cuántas quejas se presentan contra jueces y auxiliares de la administración de justicia, cuántas son investigadas, cuántas derivan en sanciones o qué ocurre con las recusaciones e inhabilidades dentro de los procesos. La información existe, pero se encuentra fragmentada, dispersa o derechamente inaccesible para la ciudadanía.

 

    A ello se suma un factor especialmente crítico: la existencia de criterios administrativos que permiten la eliminación de antecedentes disciplinarios en plazos breves, como ocurre en virtud de actas de la Corte Suprema que han permitido la supresión de registros en períodos acotados. Esto dificulta la trazabilidad histórica de las conductas y la posibilidad de identificar patrones o reiteraciones.

 

    El problema no es menor: quienes administran justicia —y también quienes actúan como auxiliares de la administración de justicia— ejercen poder directo sobre derechos fundamentales y patrimonios, pero su desempeño disciplinario no puede ser evaluado públicamente de manera sistemática.

 

    Esta falta de acceso impide que la ciudadanía ejerza una observación efectiva sobre el funcionamiento del sistema, generando un espacio de opacidad donde no es posible detectar oportunamente irregularidades, patrones de conducta o reiteraciones.

 

    El riesgo es evidente: sin control real, se abre la posibilidad de que personas con conductas inidóneas o incluso perfiles delictuales operen dentro del sistema, afectando no solo a casos individuales, sino al funcionamiento completo de la justicia y, en definitiva, a toda la sociedad.

 

    El resultado es un modelo donde el control existe en teoría, pero no en la práctica.

 

    La consecuencia es clara: opacidad, ausencia de rendición de cuentas y debilitamiento progresivo de la confianza pública.

 

    La pregunta es inevitable: ¿puede sostenerse un sistema donde quienes ejercen poder sobre derechos y patrimonios no están sujetos a un control público efectivo y verificable? o ¿Cómo se elevarian antecedentes disciplinarios eliminados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su posterior revisión y análisis?

 

La propuesta legislativa

    El Centro de Derechos Ciudadanos e Interés Público presentó una propuesta de reforma destinada a crear un sistema de transparencia disciplinaria en el Poder Judicial, con el objetivo de facilitar el acceso ciudadano a información actualmente dispersa o de difícil consulta.

 

    La iniciativa, incorporada en su Portafolio Legislativo 2026, plantea que el modelo vigente presenta un déficit estructural en materia de acceso a información sobre el funcionamiento disciplinario del sistema judicial, lo que impacta directamente en la confianza pública y en los mecanismos de control ciudadano.

 

Falta de acceso a información clave

 

    Según el documento, actualmente no existe un sistema que permita acceder de manera estructurada a antecedentes relevantes como:

 

• quejas disciplinarias contra jueces

• actuaciones respecto de auxiliares de la administración de justicia

• recusaciones e implicancias en procesos judiciales y arbitrales

• resultados de dichas incidencias

 

    En particular, la propuesta advierte que no es posible conocer cuántas recusaciones han sido interpuestas, cuántas han sido acogidas o rechazadas, ni los fundamentos de dichas decisiones, lo que dificulta evaluar el funcionamiento real de los mecanismos de imparcialidad en el sistema judicial.

 

    Asimismo, se señala que la información sobre funcionarios como receptores judiciales, actuarios o ministros de fe no se encuentra disponible en formatos que permitan su análisis público, lo que limita la detección de eventuales irregularidades o patrones de conducta.

 

Déficit de transparencia estructural

 

    El proyecto sostiene que esta situación no constituye solo una limitación administrativa, sino un problema estructural que afecta el principio de publicidad de los actos de los órganos del Estado.

Entre sus efectos, se mencionan:

 

• debilitamiento de la confianza ciudadana en la justicia

• falta de herramientas para el control público del sistema

• dificultades para evaluar legislativamente los mecanismos disciplinarios

• limitaciones para la investigación académica sobre desempeño institucional

 

    Además, se advierte que la eliminación de antecedentes disciplinarios en determinados plazos impide la construcción de memoria institucional, dificultando la identificación de conductas reiteradas o fallas sistémicas.

 

    El documento también plantea la ausencia de estadísticas judiciales accesibles, señalando que hoy no es posible comparar, por ejemplo, el comportamiento de distintos tribunales frente a materias similares.

 

Propuesta de reforma

 

    Frente a este escenario, la iniciativa propone la creación de un Sistema de Información Disciplinaria e Inhabilidades Judiciales, integrado al Poder Judicial, que permita el acceso a información estructurada, pública y consultable.

    

    Entre sus principales características se incluyen:

• base de datos electrónica accesible al público

• registro sistemático de quejas, sanciones y actuaciones disciplinarias

• inclusión de recusaciones, implicancias y sus resultados

• posibilidad de búsqueda por tribunal, funcionario, tipo de incidencia y período de tiempo

• resguardo de la independencia judicial y de los antecedentes protegidos por secreto legal

 

Hacia una transparencia funcional

 

    El proyecto busca avanzar desde un modelo de transparencia formal hacia uno de carácter funcional, donde la información no solo exista, sino que sea efectivamente accesible, comprensible y útil para la ciudadanía.

 

    Según sus impulsores, contar con un sistema de estas características permitiría fortalecer la confianza en la administración de justicia, mejorar el debate legislativo sobre reformas judiciales y generar herramientas concretas para el control ciudadano del sistema.

 

    La propuesta se enmarca en un contexto de creciente discusión sobre la necesidad de modernizar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el Poder Judicial, especialmente en su dimensión administrativa y disciplinaria.

 

 

Nota editorial

Publicado originalmente en https://www.centroderechos.cl

Contenido editorial original del Centro de Derechos Ciudadanos e Interés Público

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